El último padrón de habitantes realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), dado a conocer esta semana, ha vuelto a caer como un jarro de agua fría sobre las perspectivas demográficas de Zamora, la quinta provincia del país que mayor número de habitantes perdió a lo largo de 2005.
La población zamorana se cifraba, con fecha 1 de enero de 2006, en 197.288 habitantes, 1.216 menos que en la misma fecha de 2005, lo que supone que la provincia perdió casi cuatro habitantes al día durante el último año.
Demográficamente hablando, el medio rural zamorano está exhausto. La incesante sangría que durante más de un siglo vienen sufriendo los padrones de los pueblos ha terminado por convertir a grandes áreas geográficas de la provincia en tierras yermas. No es un problema exclusivo de Zamora, sino que tiene reflejo a nivel nacional, pero es nuestra provincia una de las más afectadas por la pérdida continua de habitantes, como acaba de certificar el último padrón del INE. En la II Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, celebrada en Salzburgo (Austria) en noviembre de 2003, el Príncipe de Asturias ya alertó sobre el drama de estos territorios, que «corren el peligro de desaparecer a medida que crecen los problemas de despoblación, con muchos jóvenes que abandonan el campo atraídos por la ciudad o por falta de perspectivas atractivas que les retengan en origen».
En la actualidad, unos 6.300 municipios españoles tienen menos de 2.000 habitantes, lo que proporcionalmente supone que el 80% del territorio únicamente esté habitado por el 20% de la población. Esta desproporcionada distribución es especialmente alarmante en Castilla y León, donde la densidad demográfica de muchas comarcas apenas supera los 20 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 87 de la media nacional. En algunas comarcas zamoranas, como Aliste o Sayago, la densidad es aún menor.
Las Cortes de Castilla y León aprobaron hace unos meses por unanimidad el documento \"Lucha contra la Despoblación, Estrategia Regional\", conscientes de que éste es el problema de mayor calado al que se enfrenta la comunidad. Estos programas vienen a sumarse a las iniciativas europeas Leader y Proder, que llevan años luchando por contener un mundo rural que languidece, pero que en Zamora, lamentablemente, no han conseguido fijar población en el medio rural, a la vista de los datos de cada nuevo padrón. Lo que debería servir para una reflexión serena y seria de por qué la enorme cantidad de millones de euros que Europa ha destinado a los planes de desarrollo rural de esta provincia no han alcanzado su objetivo, y salvo honrosas excepciones sólo han servido para hacer clientelismo político o para elevar a los altares comarcales a reyezuelos locales y dudosos redentores que se han levantado, ante la complacencia de las administraciones, su particular reino de taifas.
Castilla y León se ha embarcado decididamente en la cruzada contra el despoblamiento, que es especialmente sangrante en la franja oeste de la comunidad (León, Zamora y Salamanca). La estrategia regional de lucha contra la despoblación, en la que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, van de la mano, recoge como planteamiento inicial que en todos los ámbitos de financiación «se contemplen como criterios de discriminación positiva la dispersión, la baja densidad, el envejecimiento o aquellas otras circunstancias que generan un mayor coste en la prestación de servicios públicos». Estas medidas, sin embargo, pueden haber llegado tarde a una demografía rural muy deteriorada. Conformarse sólo con frenar la diáspora no es suficiente en poblaciones tan envejecidas que la regeneración de su tejido humano resulta casi inviable. Cualquier actuación contra el despoblamiento debe incluir medidas para favorecer el asentamiento de nuevos vecinos en los pueblos, además de conseguir que los jóvenes no abandonen el terruño. Y para que ambas condiciones se den hacen falta nuevas políticas sociales que hagan atractiva la permanencia en el medio rural.
Hace falta primar a los empresarios autónomos para los que vivir en un entorno rural sea una opción viable y favorecer incentivos que permitan la incorporación activa de jóvenes y mujeres al medio rural, pilares básicos para frenar el éxodo y favorecer nuevos asentamientos en los pueblos. Las administraciones públicas deberían plantearse con urgencia medidas como los incentivos fiscales, con bonificaciones en el impuesto general de sociedades y en las cuotas a la Seguridad Social para los nuevos empleos creados por empresas que desarrollen su actividad económica en áreas rurales.
Todas las medidas son pocas para acabar con el goteo incesante de la pérdida de habitantes en una provincia en la que cada padrón queda más lejos de recuperar al menos los 200.000 habitantes.
