O Conselho Superior da Magistratura (CSM) e o seu congénere espanhol, o Conselho Geral do Poder Judicial (CGPJ), acordaram ontem um fórum permanente para debater as questões judiciais comuns que afectam Portugal e Espanha.
O anúncio foi feito por responsáveis das duas instituições numa declaração conjunta que encerrou o 5.º encontro transfronteiriço luso-espanhol de juízes e magistrados, que decorreu na sede da Fundação Rei Afonso Henriques, em Zamora. Falando na sessão de encerramento, Paulo Guerra, do CSM, José Luis Concepción, presidente do Tribunal Superior de Justiça de Castela e Leão, e Enrique José Míguez, vogal do CGPJ, destacaram a importância de um reforço da colaboração judicial entre os dois países.
Paulo Guerra e José Míguez destacaram a importância da criação de uma associação estratégica entre os dois organismos para dar continuidade aos encontros transfronteiriços e realizar actividades conjuntas. O 5.º encontro reuniu mais de 20 juízes dos dois países.
Veintidós magistrados se reúnen en Zamora en el marco del V Congreso Transfronterizo de Jueces inaugurado ayer en la Fundación Rei Afonso Henriques y que se prolongará hasta esta tarde. Un encuentro que le ha servido al vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del órgano, Juan Pablo González, para anunciar el establecimiento de un foro permanente de intercambio de materia judicial en el ámbito de la cooperación internacional «que posicione a Zamora como sede de un mayor número de actividades que consoliden esa colaboración».
Y es que, a juicio del segoviano González, Zamora es el lugar adecuado para este tipo de encuentros «por razones históricas, culturales y fraternales», redundó el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales en el CGPJ.
El congreso ha puesto sus miras también en la aplicación de la orden europea de detención, que entró en vigor hace dos años y que sustituye al anterior sistema de extradición. El ordenamiento impone a cada autoridad judicial nacional el reconocimiento de la solicitud de entrega de una persona formulada por la autoridad judicial de otro estado miembro.
También en este aspecto la fluidez hispano-lusa «es modélica y está a la cabeza de toda Europa», afirma el vocal. No así Alemania, que figura como «el país europeo con el que mayor problemas se topa España en lo que se refiere a la extradición de los detenidos», explica. Por añadidura, la falta de instauración de este ordenamiento «provoca importantes problemas con países del Este de Europa, cuyas democracias están en fase de consolidación», puntualiza el vocal en referencia a la necesidad de establecer acuerdos judiciales en todo el territorio de la Unión Europea.
Mientras que en España la judicialización de la vida política es un hecho, sólo hace unos años que Portugal ha seguido idénticos pasos. La homóloga de González en Portugal, María José Machado, sostiene que «últimamente existe en nuestro país una tendencia del poder político a intentar interferir en la justicia y controlar los tribunales», aprecia.
Al margen de este paralelismo, las diferencias entre ambas gestiones hacen referencia al aspecto económico. Así lo ratifica Machado, que asegura que «la justicia española está más consolidada y goza de mayor autonomía política y económica al contar con financiación propia». Una apreciación que le lleva a la vocal del CGPJ luso a ratificar que «los portugueses tenemos mucho que aprender de los poderes españoles», concluye.
«La prisión de Otegi está al margen de la tregua»
Los llamamientos que desde el ámbito político se han hecho a los jueces para que «relativicen o flexibilicen» la aplicación de la ley tras la anunciada tregua de ETA «son inadecuadas ya que el poder judicial no hace política, se limita a interpretar la ley bajo criterios de legalidad, no de oportunidad». Así de contundente se mostró ayer en Zamora el presidente de la comisión
de Relaciones Internacionales del CGPJ, quien ostenta también la vocalía por el País Vasco de este órgano.
Sobre la posible prisión incondicional
de Arnaldo Otegi por presuntos delitos de inducción de actos violentos, González indica que, de producirse así, «será en función de la aplicación de la ley de enjuiciamiento en vigor, no por la declaración de tregua», insiste. González hace especial hincapié en que «la aplicación de las leyes por parte de magistrados no está sometida en España a criterios políticos en modo alguno», sostiene en referencia a la tregua que él califica como «alto el fuego», ya que «en el Estado de Derecho no puede existir una tregua porque siempre aplicará la
ley con rigor e independencia». No obvió que si el juez Grande Marlasca decreta la prisión incondicional para Otegi «deberá hacer con la ley en vigor por delante ya
que no puede dejar de hacerlo sin incurrir en su responsabilidad», asegura.
